Respuesta de representante Norma Torres a la familia de Berta Cáceres

(Rep. Norma Torres D-CA con presidente de Honduras Juan Orlando Hernandez)

A la familia de Berta Cáceres,

Gracias por su carta del 2 de marzo de 2017.

Para empezar, quisiera ofrecer mis más sinceras condolencias por la muerte lamentable de su familiar Berta Cáceres. Perder a un ser querido de una manera tan violenta es una tragedia que ninguno de nosotros debería tener que vivir, y quedarse tanto tiempo en espera de justicia es simplemente inaceptable.

Al igual que muchas personas a través del mundo, me quedé sacudida e indignada cuando Berta Cáceres fue asesinada el 3 de marzo de 2016. Desde entonces me ha quedado claro, que su asesinato no sólo fue un acto deplorable contra un individuo valiente, sino también un atentado contra el derecho de todos los hondureños de defender los derechos humanos, defender los derechos indígenas y defender el medio ambiente. Con mis colegas en el Congreso de los Estados Unidos, he exigido justicia en el caso, y le he instado al gobierno de Honduras que invite a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para asegurar una investigación completa y transparente. Mis colegas y yo hemos enviado cartas al Secretario de Estado de los Estados Unidos y al Embajador de los Estados Unidos en Honduras, y hemos discutido el caso de Berta Cáceres con representantes del gobierno hondureño, incluyendo el Presidente de Honduras.

Los derechos humanos están al centro de la relación de los Estados Unidos con Centroamérica. Seguiremos exigiendo a nuestros socios en la región que rindan cuentas y que cumplan con sus promesas, y por eso he apoyado la inclusión de provisiones que ponen condiciones sobre nuestra cooperación con Honduras, Guatemala y El Salvador. Adicionalmente, creo que mejorar las protecciones para los defensores de los derechos humanos y mejorar la capacidad de los sistemas de justicia para investigar y procesar los delitos violentos, deben ser prioridades principales para nuestra cooperación con Honduras. Sin embargo, como ustedes notan en su carta, no he copatrocinado la Ley Berta Cáceres. Aunque comparto muchos de los objetivos de esa legislación, no creo que la suspensión de toda la asistencia para la seguridad civil para Honduras sea la mejor manera de lograr esos objetivos.

Espero que sepan que voy a seguir abogando por la verdad y la justicia en el caso del asesinato de Berta Cáceres. Además, trabajaré con mis colegas en el Congreso para asegurar que estemos exigiendo que nuestros socios en Centroamérica logran avances en promover y defender los derechos humanos.

Atentamente,
/s/
NORMA J. TORRES

Carta a representante Norma Torres pidiendo apoyo para la ley Berta Cáceres

Familia de Berta Cáceres XXXX Xth Ave.
Oakland, California XXXXX

2 de marzo, 2017

3200 Inland Empire Blvd. Suite 200B
Ontario, CA 91764

Estimada Rep. Norma Torres,

Nosotros, la familia de Berta Cáceres —líder indígena y ambientalista, asesinada en Honduras le escribimos hoy para solicitar que apoye la Ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras (Berta Caceres Human Rights in Honduras Act), la cual ha sido introducida esta semana en el Congreso de Estados Unidos.

Siendo la primera congresista centroamericana y líder del Caucus centroamericano en la Cámara de Representantes, su conocimiento y liderazgo en los temas relacionados con América Latina, son cruciales. Creemos que su apoyo a la ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras fortalecerá su posición como defensora de Centroamérica y de los derechos humanos, tanto en Estados Unidos como en Honduras.

La Ley Cáceres llama a que se suspenda toda “…asistencia de seguridad de Estados Unidos a Honduras hasta que cesen las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de Honduras y hasta que los responsables de estas violaciones sean llevados ante la justicia”. Un gobierno que no proteja a sus ciudadanos y cuyas fuerzas de seguridad estén implicadas en los ataques y los asesinatos de activistas, no debería estar recibiendo financiamiento y entrenamientos para sus fuerzas de seguridad por parte de los Estados Unidos.

En el caso de Berta, después de docenas de amenazas de muerte e intentos de encarcelarla bajo falsas acusaciones, lograron finalmente silenciarla. Hasta el momento, dos agentes de seguridad del Estado — uno activo y otro retirado — se encuentran entre los implicados de su asesinato. Un antiguo miembro de la policía militar, actualmente escondido, declaró que el nombre de Berta aparecía en una lista de “objetivos a asesinar” que su unidad — entrenada por estadounidenses — había recibido. El antiguo soldado le dijo a The Guardian que estaba “100% seguro de que Berta Cáceres había sido asesinada por el ejército”.

Las niñas y niños de Honduras han perdido a una heroína, alguien a quien poder admirar y a quien hubieran querido imitar. La investigación de su asesinato ha sido una burla a los procedimientos adecuados del orden público. La incompetencia va desde el pisoteo de la escena del crimen hasta la desaparición inexplicable de una de las computadoras de Berta en su casa, al robo de los archivos de su caso del vehículo del magistrado y la detención arbitraria y tortura del testigo clave del asesinato.

Para muchos hondureños y amigos de Honduras, el asesinato de Berta — una de las activistas más queridas y de más alto perfil del país — fue la gota que derramó el vaso. Desde el 2009, cientos de líderes sociales han sido asesinados en Honduras, a menudo con la presunta complicidad de las fuerzas de seguridad del Estado. La mayoría de estos asesinatos nunca son investigados y los responsables nunca juzgados.

Como lo exponía la ley original Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos, “Está ampliamente establecido que la policía hondureña es profundamente corrupta y que comete con impunidad abusos de derechos humanos, incluyendo tortura, violación, detenciones ilegales y asesinatos” y exige la protección a “sindicalistas; periodistas; defensores de los derechos humanos; activistas indígenas, afro-indígenas, campesinos y LGBTI; críticos del gobierno; y otros activistas de las sociedad civil”, quienes son blancos habituales de las fuerzas de seguridad por sus declaraciones públicas.

Es por esto que solicitamos de su ayuda para el apoyo a la Ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras. Es cada vez más evidente que el gobierno de Juan Orlando Hernández no tiene la voluntad de actuar de manera contundente para detener los asesinatos de los activistas sociales en Honduras y de conducir investigaciones honestas y exhaustivas de los asesinatos y ataques. Adicionalmente el gobierno consistentemente no ha respetado los derechos básicos de la tierra de los indígenas, como es su obligación según lo establecido por los tratados internacionales.

Le pedimos que se una a nosotros, a Honduras, a Berta y a nuestra familia. Atentamente,

La familia de Berta Cáceres

Hija de Berta Cáceres: Transformar el dolor en acción

Con la muerte de mi madre, el mundo perdió a una estratega integral que lograba articular las luchas, no solo de las comunidades indígenas, sino de las mujeres y de los sectores más desfavorecidos

 

 

Marzo es para mí tiempo de reflexión: este mes se cumple el primer año del brutal asesinato de mi madre, Berta Cáceres, lideresa indígena lenca, activista ambiental hondureña por los derechos indígenas, a manos de personas inescrupulosas vinculadas a grandes poderes políticos y económicos que pretenden hacer negocios redondos con nuestros recursos naturales.

Pero más allá del dolor, el asesinato de mi madre me ha dado una nueva misión: llevar su mensaje de justicia a aquellos que se enfrentan a las mismos atropellos que nosotros.

Los pueblos originarios viven tiempos difíciles. Tristemente, las comunidades indígenas hondureñas no son las únicas que sufren hoy los abusos de sus derechos más básicos. Standing Rock se ha convertido en un emblema mundial, pero no es el único caso en nuestra América. La falta de consulta previa en proyectos de desarrollo en Guatemala, así como el centenario conflicto Mapuche en Chile son tan solo dos de los muchos ejemplos de nuestra región.

A doce meses del homicidio de mi madre, han disminuido los trabajos de construcción de la represa Agua Zarca, el proyecto al que mi madre se opuso con pasión y que le costó la vida.

Pero en la práctica nada ha cambiado: el gobierno de Honduras sigue sin revocar la concesión al proyecto, y pensamos que es cuestión de tiempo para que la construcción siga su curso.

Mientras esto ocurre, las autoridades continúan desconociendo nuestros derechos. Recientemente, Honduras modificó el código penal con la mal llamada “ley antiterrorista” para hacer más fácil la criminalización de personas que protesten contra sus abusos, entre los que hay amedrentamiento y compra de conciencias.

Estas sanciones son una preocupación más en un país en el que ya es sumamente riesgoso creer en alguna causa social. Según un reporte reciente de Global Witness, Honduras es el país más peligroso del mundo para los activistas medioambientales.

Para muestra un botón: desde 2010, más de 120 personas han sido asesinadas por oponerse a la explotación de sus tierras ancestrales. Entre esos muertos está el compañero Tomás García, un líder lenca del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), ultimado a sangre fría en julio de 2013 por un militar uniformado. Su delito: protestar a las puertas del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Después de un duro proceso judicial, el asesino de Tomás fue condenado por el delito de homicidio en diciembre de 2015. ¿Tendrá el caso de mi madre la misma suerte?

Es cierto que hasta el momento han detenido a varias personas presuntamente vinculadas al asesinato de mi mami, pero aún estamos muy lejos de hacer justicia. Su caso está plagado de serias irregularidades. Entre las más dolorosas su familia, está la obstrucción ilegal de acceso a su expediente. Mi gran temor es que su caso esté siendo contaminado, y que no podamos alcanzar la justicia que tanto deseamos.

En nuestra ardua búsqueda por la verdad, algunas cosas se han logrado. Ante las contundentes manifestaciones de rechazo al asesinato de mi madre, instituciones como el Banco de Desarrollo Holandés y el Fondo Finlandés para la Cooperación Industrial suspendieron temporalmente su apoyo financiero al Proyecto de Agua Zarca.

Pero esto no es suficiente. El gobierno de Honduras debe revocar la concesión a DESA y abandonar por completo el proyecto de Agua Zarca. Por otra parte, Estados Unidos tiene el deber moral de continuar la discusión en el congreso de la ley Berta Cáceres, que propone un bloqueo a la ayuda financiera que ese país otorga a la milicia hondureña, hasta tanto no sean enjuiciadas las personas que ordenaron el asesinato de mi madre. Y también necesitamos de los empresarios quienes, a nivel global deben exigir la obtención del consentimiento previo, libre e informado de las comunidades locales antes de financiar cualquier proyecto de desarrollo, tanto en Honduras como en toda América Latina.

Con la muerte de mi madre, el mundo perdió a una estratega integral que lograba articular las luchas, no solo de las comunidades indígenas, sino de las mujeres y de los sectores más desfavorecidos. La solidaridad que recibimos luego de su asesinato es un reflejo de su gran labor internacionalista. En sus viajes conoció las batallas de muchas otras comunidades, y siempre las tuvo presentes en su discurso y accionar. Eso me queda de ella.

A pesar de todo, mi pueblo lenca continúa orgulloso preservando su cultura ancestral, manejando sus territorios, cultivando sus tierras, protegiendo sus bosques de pino que crecen, imponentes, en medio de las neblinas montañosas y, sobre todo, resistiendo con dignidad a los que buscan apropiarse de estos recursos.

Si hoy pudiera decirle algo a mi madre sería que no se preocupara, porque su lucha sigue viva en mí, en mis hermanos, en nuestra comunidad y, sobre todo en su organización, el COPIHN. Mi esperanza es que la gente joven alrededor del mundo se una a nosotros en la lucha de los pueblos indígenas para que se nos reconozcan los derechos que tenemos sobre nuestras tierras ancestrales. La ciencia demuestra que somos nosotros los mejores protectores de los recursos naturales, esos que representan el futuro de todos nosotros y de nuestros hijos.

Berta Cáceres no debió morir para que su gente pudiera ser escuchada. Pero ahora que se ha ido, solo les pido que no nos dejen solos. No permitan que su muerte haya sido en vano.

Enlace a articulo original

Activists Family Asks Congresswoman to Support Act to Stop Honduran State Repression

Link to original report.

Human rights activists argue that Washington has blood on its hands for its complicity in abuses carried out by Honduran state forces.

One year after the assassination of Honduran Indigenous leader Berta Caceres, human rights organizations and Indigenous communities continue to demand justice in the case, while the international branch of the struggle pressures to an end of U.S. funding for police and military forces accused of human rights abuses in the Central American country.

Caceres’ family sent a letter Thursday to U.S. Representative Norma Torres to ask for her support for the Berta Caceres Human Rights in Honduras Act, which was reintroduced the same day to the House of Representatives after stalling without adequate support since last year. The bill seeks the suspension of Washington’s security aid to Honduras until the country fulfills more rigorous human rights conditions — including an end to abuses by the police and military and justice in cases like Berta Caceres’ murder.

“It is increasingly clear that the government of Juan Orlando Hernandez is unwilling to act decisively to stop the killings of social activists in Honduras and to conduct honest and thorough investigations of killings and attacks,” Caceres’ family members state in the letter to Torres, urging her to “stand with” them and with Honduras. “In addition, the government has consistently failed to respect basic indigenous land rights, as it is required to do under its international treaty obligations.”

The original U.S. bill inspired by Caceres’ murder paints a grim picture of Honduras’ grave human rights situation, including the lack of justice in cases like Caceres’ murder. “Impunity remains a serious problem, with prosecution in cases of military and police officials charged with human rights violations moving too slowly or remaining inconclusive,” it states, adding that the U.S. State Department itself reported in 2015 problems of “corruption, intimidation, and institutional weakness of the justice system” in Honduras.

Caceres’ family addressed the letter to Torres to ramp up individual pressure for support of the bill. Torres, the first and only Central American in Congress and the founder of the bipartisan Central American Caucus, has faced criticism for aligning herself with the Honduran government, backing Washington’s controversial Alliance for Prosperity security aid package for Central America’s Northern Triangle and for refusing to support the Berta Caceres bill.

“We believe that your support for the Berta Caceres Human Rights Act will further strengthen your standing as an advocate for Central Americans and human rights, both in the U.S. and Honduras,” the family wrote in its letter to Torres, imploring her endorsement of the bill.

Caceres’ family also highlighted in the letter the involvement of active and former members of the military — including suspects trained at the infamous U.S. School of the Americas — in her murder, underlining the urgent need for more rigorous conditions on security aid to Honduran state forces. A former member of the military police in Honduras revealed to the Guardian that her name had been at the top of a “hit list” that a U.S.-trained unit received.

“A government that fails to protect its citizens and whose security forces are implicated in attacks and killings of activists should not be receiving security funding and training from the U.S. government,” the letter stressed, adding that Caceres’ murder is only one example among scores of assassinations, attacks and other forms of intimidation targeting activists in the country.

According to a recent report by the international rights organization Global Witness, 120 land and environmental defenders have been killed in Honduras since 2010 after an increase in state-sanctioned abuses in the wake of the 2009 U.S.-backed military coup.

Meanwhile, in Honduras, members of the organization that Caceres founded — the Civic Council of Popular and Indigenous Organizations of Honduras or COPINH — held a march Wednesday in the capital city Tegucigalpa demanding justice one year after her death.

They blasted Honduran authorities over the fact that, to this day, the motive for her assassination has not been identified and perpetrators in the killing not brought to justice. Demonstrators with banners shouted slogans demanding that authorities arrest the masterminds behind Caceres’ murder.

Caceres rose to international prominence for leading the Indigenous Lenca people in a struggle against a controversial hydroelectric dam project in the community of Rio Blanco that was put in motion without consent from local communities. She was also a key leader in the post-coup resistance movement that demanded a constituent assembly to rewrite the Honduran Constitution.

For her environmental and land defense work, she was awarded the prestigious 2015 Goldman Environmental Prize, while at the same time suffering dozens of death threats and other forms of harassment. Berta Caceres was shot dead just before midnight March 2, 2016, when gunmen stormed her house and attacked her.

Caceres’ family claim that the Honduran company behind the hydroelectric project she fought against, Desarrollos Energeticos or DESA, and the Honduran government hired contract killers to murder her and other activists.

Her family and fellow activists insists that her legacy will continue to inspire a movement for rights and justice.

In a statement ahead of the anniversary of her murder, Caceres’ COPINH reiterated calls for justice and an end to unwanted corporate projects on Indigenous land and vowed to forge on in the struggle that Caceres championed in the name of a “just society where life is respected.”

“One year after Berta’s murder, she continues teaching us that ideas cannot be killed and the processes of the people cannot be stopped,” the organization said. “May she continue to be present and our task continue with her legacy of resistance and struggle against injustice.”

“Berta no murió, se multiplicó”: a un año de la muerte de Berta Cáceres

Por Katie Pisa, CNN
05:09 ET (10:09 GMT) 3 marzo, 2017
(CNN) – En uno de los países más peligrosos del mundo, una mujer pagó el precio más alto por su causa.

Un día antes de su 45 cumpleaños, el 3 de marzo de 2016, Berta Cáceres fue asesinada a tiros en su casa después de años de amenazas de muerte por su trabajo como activista de derechos humanos.

La madre de cuatro hijos, miembro del grupo indígena lenca, fue una heroína para las poblaciones indígenas rurales de Honduras, que han estado bajo amenaza constante en los últimos años por los grupos que quieren construir megaproyectos como presas y minas que acabarían con sus tierras.

Fue incansable en su defensa.

Galardonada con el prestigioso Premio Ambiental Goldman en 2015, Cáceres fue considerada como una de las activistas ecologistas más importantes del mundo.

En el primer aniversario de su muerte, hablamos con su sobrino y una de sus amigas más cercanas sobre su lucha por la protección de los derechos humanos y por la justicia en uno de los países más corruptos del mundo, según el ranking de Transparencia Internacional.

Fuerte modelo de rol femenino

Cáceres creció en la década de 1980, en medio de la violencia en Centroamérica y de las guerras civiles en Honduras y el vecino El Salvador.

Su madre, Austra Bertha Flores López, fue partera y alcaldesa de su ciudad natal de La Esperanza. También ayudó a muchos refugiados salvadoreños que huían de una sangrienta guerra civil iniciada en 1980.

“Fue criada por una mujer poderosa”, dice a CNN Karen Spring, quien se hizo amiga de Cáceres en 2009, mientras trabajaba como coordinadora de la Red de Solidaridad Honduras, un grupo canadiense-estadounidense, que apoya causas sociales en el país.

“Ella (la madre de Cáceres) le enseñó sobre comunidades indígenas, las dificultades de las mujeres indígenas y el racismo que sufrían. Berta se crió en ese ambiente”, explica Spring.

Antes, en general, había poca tensión con los lencas porque las élites no habían empezado a perseguir sus tierras, cuenta a CNN el sobrino de Cáceres, Silvio Carrillo.

Carrillo dice la madre de Cáceres (su abuela), cuidó de los Lencas desfavorecidos de la región, que a menudo carecen de acceso a la educación, y estaban sujetos a lo que él llama “racismo omnipresente”. Esto tuvo una gran influencia en sus puntos de vista.

“Todos los días mi abuela atendía a decenas de indígenas que bajaban la montaña para ser atendidas”, dice Carrillo, periodista basado en California que está trabajando para que se investigue el asesinato de su tía.

“Ella ayudó a dar a luz a más de 5.000 niños. Berta vio esto todos los días de su vida”.

De regreso al principio

Para entender verdaderamente a Cáceres, hay que examinar la historia reciente de Honduras, sus luchas y su atmósfera cada vez más peligrosa.

En 1993, Cáceres cofundó el Consejo Nacional de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) con su exmarido Salvador Zúñiga, a quien conoció en su adolescencia.

La organización ayudó a luchar por los derechos del pueblo lenca, testigo de la destrucción de su tierra natal y sus ríos.

Cáceres sabía que a pesar de que los derechos indígenas están reconocidos por la ley, muchos grupos indígenas carecían de títulos claros sobre sus tierras y sufrieron la apropiación de tierras por parte de los poderosos intereses comerciales, dijo Carrillo.

Este conflicto por la tierra es el principal impulsor de la violencia contra los activistas en Honduras, según la organización de vigilancia ambiental Global Witness.

COPINH creció para defender cerca de 240 comunidades lencas, que viven en el oeste de Honduras y en El Salvador, y hacer campaña en contra de la privatización de sus tierras, dice Spring.

A medida que la organización crecía, también lo hacía el perfil de Cáceres en Honduras.

“(Cáceres) tuvo una increíble claridad política y comprensión de los problemas mundiales”, recuerda su amiga.

Fue invitada a hablar por todo el mundo debido a su capacidad de “conectar lo local a lo global”.

Cáceres habló en Europa, Asia, América Latina y en las Naciones Unidas sobre su trabajo y la situación de los grupos indígenas de todo el mundo.

Su carisma, según Spring, era su mejor arma.

“Tenía la capacidad de ir y hablar con las familias pobres, pero también podía entrar en el Congreso de Honduras y relacionarse con ellos, y hablar a su nivel. Era una fuerza a tener en cuenta”, dice.

“Era muy difícil para cualquier empresa llevar adelante un proyecto sin tener que lidiar con ella”.

Carrillo está de acuerdo.

“Ella era una amenaza. Ellos (los poderosos) tenía un problema en sus manos”, dice. “No había otra manera de detenerla… ella era un problema obvio”.

País con problemas

En 2009, un golpe de Estado del Ejército sacó del poder al presidente José Manuel Zelaya.

Desde entonces Honduras se ha hundido en nuevos niveles de corrupción y peligro, según tanto Carrillo y Spring, como los informes de los grupos de derechos humanos que apoyan sus reivindicaciones.

En su informe anual de 2016, Amnistía Internacional describe “un clima general de violencia que ha obligado a miles de hondureños a huir del país. Mujeres, migrantes, desplazados internos, defensores de derechos humanos, especialmente activistas ambientales, (están siendo) blanco de violencia”.

También afirman que “un sistema de justicia débil contribuyó a un clima de impunidad”.

En este ambiente, más de 120 activistas ambientales han sido asesinados en Honduras desde 2010, por lo que es el país más peligroso del mundo para los activistas del medio ambiente, de acuerdo con Global Witness.

El secretario hondureño para los Derechos Humanos se negó a responder a las acusaciones en el informe de Amnistía Internacional, cuando fue cuestionado por CNN.

Amnistía Internacional dice que Honduras debe proteger a los activistas de derechos humanos.

“Honduras se ha convertido en una “zona de exclusión” para cualquiera que se atreva a hacer campaña por la protección del medio ambiente. ¿Cuántos activistas más tienen que ser brutalmente asesinados antes de que las autoridades tomen medidas eficaces para protegerlos?”, se pregunta Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Spring y Carrillo dicen que Honduras ha visto un aumento masivo en proyectos desastrosos para sus comunidades indígenas.

El gobierno de Honduras dijo en repetidas ocasiones que trabaja duro para que los responsables de estos crímenes sean juzgados, y para garantizar que los grupos más vulnerables no sean atacados.

Cuando CNN se acercó al gobierno de Honduras, este proporcionó un comunicado de prensa instando a la Fiscalía a continuar su investigación sobre el caso Cáceres, y expresando su satisfacción con el curso de la investigación hasta el momento.

Trabajo peligroso

En un entorno cada vez más peligroso, y cada vez más crítica con el gobierno, la fama de Cáceres solo crecía.

En 2010, comenzó a trabajar en lo que sería su más famoso -y peligroso- proyecto.

La represa Agua Zarca iba a ser construida en el río Gualcarque, el hogar espiritual de muchos lencas y una fuente vital de agua y alimentos para las comunidades que viven a sus orillas.

Durante un período de cinco años, Cáceres jugó un papel decisivo en una campaña que con el tiempo logró detener la construcción de la represa.

Pero las amenazas que comenzaron en 2013, también crecieron.

Tres años más tarde llegó ese disparo mortal en la noche.

“El asesinato de Berta no fue por un proyecto, fue un asesinato calculado de una mujer que había adquirido mucha importancia, reputación y poder, no a través del dinero o credenciales académicas, sino del trabajo de toda su vida defendiendo los derechos humanos en la región”, dice Spring.

Un lugar peligroso para ser activista

Hoy en día, COPINH continúa la lucha contra proyectos similares a los de Agua Zarca.

El sobrino de Cáceres continúa luchando para mantener su nombre en los ojos del gobierno, y dice que aunque se han hecho arrestos vinculados a su asesinato, deben hacer más para lograr justicia para ella y su familia.

Esta semana, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, dijo que el poder ejecutivo está disponible para proporcionar apoyo a la Fiscalía y agregó que el gobierno de Honduras hará todo lo posible para lograr justicia.

Hasta la fecha, ocho personas han sido detenidas por las autoridades en relación con la muerte de Cáceres, incluyendo el hombre que dirigió el proyecto de la represa de Agua Zarca para Desarrollos Energéticos.

Pero la familia dice que no es suficiente. Ninguno de los detenidos parecen ser los autores intelectuales de este crimen, dijo Carrillo.

“La familia ha estado pidiendo una investigación internacional independiente para encontrar a los autores intelectuales, porque hay poca confianza en que vayan a ser encontrados y juzgados en un lugar tan corrupto como Honduras”.

La empresa niega su implicación en el asesinato y en cualquier delito.

“Tenemos que denunciar quién diseñó el crimen, quien lo planeó, que pagó por él, y también a las personas dentro de la empresa que promovieron el acoso, la persecución, la criminalización que condujeron a su asesinato”, dijo la hija de Cáceres, Berta Zúñiga Cáceres, a CNN en Español.

En una declaración con motivo del aniversario del asesinato de Cáceres, Susan Gelman, presidenta de la Fundación Ambiental Goldman, describió su muerte como una pérdida incalculable para los “activistas en todo el mundo en primera línea contra los proyectos de desarrollo destructivos y el cambio climático”.

“Continuamos llenos de tristeza, pero con determinación y con lo que Berta llamó la mejor forma de resistencia: la alegría”, agregó.

Carrillo dice que hay un dicho hondureño que la familia de Cáceres y sus amigos siguen repitiendo: “Berta no murió, se multiplicó”.

Declaración del senador Patrick Leahy sobre Berta Cáceres

2 de marzo, 2017

Declaración del senador Patrick Leahy sobre Berta Cáceres

Señor Presidente, quiero llamar la atención del Senado sobre el hecho de que ha transcurrido ya un año desde el asesinato de Berta Cáceres, una renombrada activista indígena hondureña que dedicó — y finalmente entregó — su vida a defender la tierra, el agua y otros recursos naturales del pueblo lenca.

Luego de un intento inicial por parte de la policía hondureña — e incluso de algunos altos funcionarios — de retratar falsamente el homicidio como un crimen pasional, una nada

infrecuente estrategia para encubrir la complicidad oficial en estos casos, ocho hombres han sido arrestados incluyendo uno en servicio activo y dos oficiales militares en retiro.

Aunque funcionarios hondureños han negado cualquier participación del gobierno en el asesinato de la Señora Cáceres y minimizado el arresto del Mayor Mariano Díaz, presurosamente dado de baja del ejército, hay razones para mantenerse escéptico.

Díaz, un condecorado veterano de las Fuerzas Especiales, fue nombrado jefe de inteligencia del ejército en 2015 y para el momento del asesinato se encontraba, según informes, en proceso de ser promovido a teniente coronel. Se afirma también que otro sospechoso, el teniente Douglas Giovanny Bustillo, ingresó al ejército al mismo tiempo que Díaz. Los dos sirvieron juntos y aparentemente mantuvieron contacto luego de que Bustillo se retirara en 2008.

Es particularmente inquietante y significativo que, según reportes de prensa, tanto Bustillo como Díaz pudieron haber recibido entrenamiento militar por parte de los Estados Unidos.

Un tercer sospechoso, el sargento Henry Javier Hernández, fue francotirador de las fuerzas especiales que trabajó bajo el mando de Díaz. También parece haber sido informante de inteligencia militar luego de abandonar el ejército en 2013.

Según reportes de prensa, el primer sargento Rodrigo Cruz, un ex oficial del ejército que desertó luego de la muerte de Cáceres y permanece hasta hoy escondido, afirmó que el alto mando del ejército hondureño entregó al comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch, en la que se encuentra la unidad a la que él pertenecía, una “lista negra” de objetivos con nombres y fotografías de activistas a ser asesinados, y que el nombre de Cáceres figuraba en esa lista. Esto suena muy parecido a los escuadrones de la muerte de El Salvador durante los ochenta.

Cinco civiles sin registro militar conocido también han sido detenidos. Entre ellos se encuentra Sergio Rodríguez, un ejecutivo de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, a la que Berta Cáceres se opuso durante largo tiempo.

Dicho proyecto es liderado por Desarrollos Energéticos S.A. (Desa), con financiación internacional y el decidido respaldo del gobierno hondureño. De acuerdo con reportes de prensa, el presidente de la compañía, Roberto David Castillo Mejía, es un antiguo oficial de inteligencia militar y su secretario, Roberto Pacheco Reyes, un ex-ministro de Justicia. Desa contrató al ex teniente Bustillo como jefe de seguridad entre 2013 y 2015.

La señora Cáceres reportó múltiples amenazas de muerte relacionadas con su campaña contra la represa, incluyendo varias provenientes de empleados de Desa. El gobierno hondureño ignoró en su mayoría sus pedidos de protección, y Desa continua negando cualquier participación en su asesinato.

Señor presidente, es inconcebible para cualquiera que conozca Honduras que este indignante crimen haya sido llevado acabo por estos individuos sin órdenes de arriba. La pregunta es si la investigación identificará a los autores intelectuales, cosa que casi nunca ocurre en Honduras. De hecho, como Global Witness, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y otros han documentado, ha habido decenas de asesinatos de activistas ambientales en Honduras que no han sido nunca investigados de manera creíble y por los cuales nadie ha sido castigado.

No dudo que una de las razones por las cuales este caso ha progresado en modo alguno es porque los expertos de las agencias estadounidenses encargadas del cumplimiento de la ley, respaldados por la embajada estadounidense, han ayudado con la investigación, y gracias a los esfuerzos del fiscal general Oscar Fernando Chinchilla.

En cualquier caso, y como he mencionado antes, en Honduras, donde la impunidad es la norma, un caso de semejante importancia, tanto doméstica como internacional, debería ser objeto de una paralela investigación independiente. Las entidades que de manera obvia deberían asumir dicha tarea son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Sin embargo el gobierno de Honduras continua rechazando una investigación de este tipo.

Los Estados Unidos y Honduras tienen una atormentada historia, aunque nosotros y el pueblo hondureño compartimos muchos intereses. Queremos continuar ayudando a Honduras a enfrentar la profundamente enraizada pobreza, la desigualdad, violencia e impunidad que han causado tanto sufrimiento y privaciones, y contribuido a la migración de decenas de miles de hondureños, incluyendo niños, a los Estados Unidos.

Pero para este Senador, eso requiere resolver el caso de Berta Cáceres y asumir investigaciones y procesos judiciales fidedignos en torno al indignante número de asesinatos de otros activistas, periodistas y defensores de derechos humanos ocurridos durante los últimos años. Aquello implica el reconocimiento público y defensa, por parte de las autoridades hondureñas, del legítimo rol de dichos activistas, que en el pasado han sido ignorados, amenazados y tratados como legítimos blancos. Solo entonces será claro que el gobierno hondureño está comprometido con la justicia, y que nuestra asistencia obtendrá resultados duraderos.

El Departamento de Estado necesita investigar extensivamente y de modo transparente si el mayor Díaz y el teniente Bustillo fueron realmente entrenados por los Estados Unidos. Si es así, el Congreso y el pueblo hondureño merece saber cómo fueron seleccionados, qué tipo de entrenamiento recibieron, así como cualquier medida tomada para mejorar el proceso de evaluación de potenciales beneficiarios y para monitorear la conducta de aquellos que han recibido entrenamiento por parte de los Estados Unidos.

Finalmente, y como lo he dicho anteriormente, hasta tanto el proyecto Agua Zarca y otros similares sigan adelante ignorando las objeciones de los pueblos indígenas cuyos medios de

subsistencia y culturas están intrínsecamente ligadas a los ríos que impactan, las confrontaciones y la violencia continuarán. El gobierno hondureño, al igual que otros gobiernos de la región, deben cambiar su manera de hacer negocios en áreas en las que los derechos e intereses de los pueblos indígenas han sido violados e ignorados.

Dada su vergonzosa historia, el proyecto Agua Zarca debería ser cancelado. Otros proyectos hidroeléctricos y extractivos en territorios indígenas deberían ser reconsiderados por el gobierno hondureño, y su continuidad ser permitida solo luego de un proceso basado en el consentimiento previo, libre e informado por parte de las comunidades afectadas.

Carta para representante Torres de la familia de Berta Cáceres

Familia de Berta Cáceres
XXXX Xth Ave.
Oakland, California
XXXXX

2 de marzo, 2017

3200 Inland Empire Blvd.
Suite 200B
Ontario, CA 91764

Estimada Rep. Norma Torres,
Nosotros, la familia de Berta Cáceres —líder indígena y ambientalista, asesinada en Honduras le escribimos hoy para solicitar que apoye la Ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras (Berta Caceres Human Rights in Honduras Act), la cual ha sido introducida esta semana en el Congreso de Estados Unidos.

Siendo la primera congresista centroamericana y líder del Caucus centroamericano en la Cámara de Representantes, su conocimiento y liderazgo en los temas relacionados con América Latina, son cruciales. Creemos que su apoyo a la ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras fortalecerá su posición como defensora de Centroamérica y de los derechos humanos, tanto en Estados Unidos como en Honduras.

La Ley Cáceres llama a que se suspenda toda “…asistencia de seguridad de Estados Unidos a Honduras hasta que cesen las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad de Honduras y hasta que los responsables de estas violaciones sean llevados ante la justicia”. Un gobierno que no proteja a sus ciudadanos y cuyas fuerzas de seguridad estén implicadas en los ataques y los asesinatos de activistas, no debería estar recibiendo financiamiento y entrenamientos para sus fuerzas de seguridad por parte de los Estados Unidos.

En el caso de Berta, después de docenas de amenazas de muerte e intentos de encarcelarla bajo falsas acusaciones, lograron finalmente silenciarla. Hasta el momento, dos agentes de seguridad del Estado — uno activo y otro retirado — se encuentran entre los implicados de su asesinato. Un antiguo miembro de la policía militar, actualmente escondido, declaró que el nombre de Berta aparecía en una lista de “objetivos a asesinar” que su unidad — entrenada por estadounidenses — había recibido. El antiguo soldado le dijo a The Guardian que estaba “100% seguro de que Berta Cáceres había sido asesinada por el ejército”.

Las niñas y niños de Honduras han perdido a una heroína, alguien a quien poder admirar y a quien hubieran querido imitar. La investigación de su asesinato ha sido una burla a los procedimientos adecuados del orden público. La incompetencia va desde el pisoteo de la escena del crimen hasta la desaparición inexplicable de una de las computadoras de Berta en su casa, al robo de los archivos de su caso del vehículo del magistrado y la detención arbitraria y tortura del testigo clave del asesinato.

Para muchos hondureños y amigos de Honduras, el asesinato de Berta — una de las activistas más queridas y de más alto perfil del país — fue la gota que derramó el vaso. Desde el 2009, cientos de líderes sociales han sido asesinados en Honduras, a menudo con la presunta complicidad de las fuerzas de seguridad del Estado. La mayoría de estos asesinatos nunca son investigados y los responsables nunca juzgados.

Como lo exponía la ley original Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos, “Está ampliamente establecido que la policía hondureña es profundamente corrupta y que comete con impunidad abusos de derechos humanos, incluyendo tortura, violación, detenciones ilegales y asesinatos” y exige la protección a “sindicalistas; periodistas; defensores de los derechos humanos; activistas indígenas, afro-indígenas, campesinos y LGBTI; críticos del gobierno; y otros activistas de las sociedad civil”, quienes son blancos habituales de las fuerzas de seguridad por sus declaraciones públicas.

Es por esto que solicitamos de su ayuda para el apoyo a la Ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras. Es cada vez más evidente que el gobierno de Juan Orlando Hernández no tiene la voluntad de actuar de manera contundente para detener los asesinatos de los activistas sociales en Honduras y de conducir investigaciones honestas y exhaustivas de los asesinatos y ataques. Adicionalmente el gobierno consistentemente no ha respetado los derechos básicos de la tierra de los indígenas, como es su obligación según lo establecido por los tratados internacionales.
Le pedimos que se una a nosotros, a Honduras, a Berta y a nuestra familia.

Atentamente,

La familia de Berta Cáceres

Rep. Johnson para reintroducir “Proyecto de Ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras”

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March 2, 2017

Congresista Johnson se une a sus colegas en esfuerzos por retener fondos de Estados Unidos desde Honduras policía y militar en nombre de los derechos humanos
WASHINGTON, D.C.— El Representante Hank Johnson (GA-04) con el apoyo de 24 miembros demócratas de congreso, introdujo de nuevo H.R. 1299, el “Proyecto de Ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras.”

El proyecto de ley fue introducido por primera vez en la estela de la trágica muerte la líder ambiental e indígena hondureña Berta Cáceres en el 2 de marzo de 2016. H.R. 1299 suspendería el financiamiento estadounidense a la República de Honduras para su policía y operaciones militares, hasta que el gobierno hondureño inicia una investigación sobre la aplicación de la ley violan los derechos humanos en Honduras.

“En los informes recientes indican que dos de los hombres presuntamente implicados en el asesinato de un Berta Cáceras fueron entrenados en los Estados Unidos, en Fort Benning en Georgia para ser exactos – a través del Instituto del hemisferio occidental para la cooperación de seguridad (WHINSEC), más comúnmente conocido como la escuela de las Américas” dijo Johnson. “Esto subraya la necesidad de aumentar la supervisión de American los recursos y la seguridad asistencia proveía a Honduras y es otra razón por la que es importante que introducimos el Berta Cáceres Ley de Derechos Humanos de nuevo.”

El proyecto de ley, que también suspende los fondos para equipamiento y capacitación, ha ganado la fuerza y el apoyo de otros miembros claves de la Cámara.

“Estoy orgulloso de apoyar este proyecto de ley que garantice las fuerzas armadas estadounidenses y policía ayuda se dispensa sólo cuando las instituciones hondureñas han demostrado un firme compromiso para llevar a los perpetradores de la violencia ante la justicia,” dijo Rep. John Conyers.

“Cuando enviamos los dólares de los contribuyentes americanos en el extranjero, estamos enviando un mensaje acerca de nuestras esperanzas y valores como nación,” dijo Rep. Jan Schakowsky. “Un año después de la muerte de Berta Cáceres, el gobierno de Honduras sigue hacer la vista gorda a la situación peligrosa que de mano de obra, activistas de los derechos ambientales e indígenas en su país, afrontan muchas veces a manos de sus propios oficiales de la ley. Hasta y a menos que el gobierno hondureño ponga fin a esas prácticas y, en su lugar, permita una imparcial y exhaustiva investigación de los abusos cometidos en el pasado, no merece el apoyo de los contribuyentes norteamericanos. Estoy orgulloso de unirme Rep. Johnson en la re-introducción de esta legislación. Espero que podamos honrar el legado de Berta Cáceres por mejorar la situación de los activistas en Honduras.”

El miembro mayor del comité de la judicatura John Conyers (MI-13), Marcy Kaptur (OH-09), José Serrano (NY-15), Jan Schakowsky (IL-09), Keith Ellison (MN-05), Barbara Lee (CA-13), Susan Davis (CA-53), Jackie Speier (CA-14), Gwen Moore (WI-04), Betty McCollum (MN-04), Daniel Lipinski (IL-03), Debbie Dingell (MI-12), Mark Pocan (WI-02), Eleanor Holmes Norton (DC-01), Grace F. Napolitano (CA-32), Suzanne Bonamici (OR-01), Rosa DeLauro (CT-03), Luis V. Gutiérrez (IL-04), David Cicilline (RI-01), Chellie Pingree (ME-01), Earl Blumenauer (OR-03), Bobby L. Rush (IL-01), Paul D. Tonko (NY-20), y Raúl M. Grijalva (AZ-03) son cosponsors orignales del proyecto de ley.

Huffington Post: Un año después del asesinato de Cáceres, la política estadounidense respecto a Honduras sigue sin cambiar

En los primeros días de marzo, cientos de personas se reunieron en el pequeño pueblo hondureño de La Esperanza para recordar la extraordinaria vida de Berta Cáceres, brutalmente truncada por un escuadrón de la muerte en el que participaron agentes de seguridad entrenados por los Estados Unidos.

Durante su breve paso por la tierra, Berta fue una poderosa líder envuelta en numerosas batallas. Lideró protestas en contra de los acuerdos comerciales impulsados por intereses corporativos. Fue una figura clave en el amplio movimiento de resistencia pacífica en contra del golpe militar de 2009, que depuso al democráticamente elegido presidente de Honduras. Más tarde, fue una crítica frontal de la militarización que, bajo el respaldo los Estados Unidos, fue desplegada luego del golpe sobre el territorio hondureño.

Berta ganó fama internacional por su implacable lucha contra la apropiación ilegal de tierras indígenas, por corporaciones que buscan acceso a valiosos recursos naturales sin consideración con los pobladores locales ni con el medio ambiente. Su incansable esfuerzo por detener el proyecto de la represa hidroeléctrica Agua Zarca en el territorio indígena lenca le valió el prestigioso Premio Medioambiental Goldman en 2015. Esta lucha también condujo a un escalamiento en las amenazas de muerte en contra suya y de sus colegas del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH).

En medio de la noche del 2 de marzo de 2016 Berta fue abatida a tiros en su casa en La Esperanza, en medio de una operación de tipo comando. El asesinato de la activista más renombrada del país generó conmoción alrededor de Honduras y el resto del mundo; se realizaron innumerables protestas y vigilias, al tiempo que un amplio espectro de grupos demandaron justicia, incluyendo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Vaticano y docenas de miembros del congreso de los Estados Unidos.

Un número apabullante de activistas han sidoasesinados en Honduras en los años que siguieron al golpe de 2009, y casi todos estos homicidios han quedado en la impunidad. Después del asesinato de Berta, el gobierno hondureño —que recibe decenas de millones de dólares de asistencia estadounidense cada año— ha sido objeto de una enorme presión para investigar adecuadamente su caso, proteger activistas y depurar sus instituciones llenas de corrupción y criminalidad.

Pero un año ha transcurrido y la angustiosa realidad es que la situación de Honduras es ahora más alarmante que nunca.

En el caso del asesinato de Berta, voceros de la policía siguieron inicialmente el típico guión cuando se trata de activistas asesinados, insinuando que Berta habría sido víctima o bien de un ex-amante o de un ladrón común intentando robar su casa. Luego, doblegándose ante la indignación internacional, las autoridades procedieron con una investigación que, aunque profundamente fallida, condujo finalmente al arresto de ocho sospechosos acusados del asesinato de Berta. Al menos tres de los sospechosos eran miembros activos o ex miembros del ejército hondureño, y otro un alto directivo de DESA, compañía responsable del proyecto Agua Zarca.

Las autoridades hondureñas han negado participación alguna en el homicidio de Berta, pero actas judiciales obtenidas por la periodista de The Guardian Nina Lakhani indican que uno de los sospechosos, el mayor Mariano Díaz, había sido nombrado jefe de inteligencia militar dos años atrás. Díaz, al igual que otro sospechoso del asesinato que sirvió con él en el ejército, recibió entrenamiento militar por parte de los Estados Unidos, según Lakhani. La periodista también indica que el presidente de DESA, Roberto David Castillo Mejía, es un ex oficial de inteligencia militar.

Hay fuerte evidencia de que los ocho sospechosos estuvieron envueltos en una conspiración de asesinato que guarda las características de una operación paramilitar tipo escuadrón de la muerte. Es, sin embargo, bastante improbable que el grupo haya actuado de manera autónoma, o que en él estén incluidos los autores intelectuales que ordenaron el crimen.

Es probable que aquellos finalmente responsables del asesinato de Berta se encuentren encaramados a salvo en lo alto de la escala social y política hondureña, más allá del alcance del débil y políticamente comprometido sistema judicial.

Un reporte de Global Witness de enero de 2017 examinó el asesinato de Berta así como otros homicidios y ataques dirigidos en contra de activistas ambientales e indígenas, encontrando que estos hechos típicamente involucran a las élites políticas y económicas del país, así como a las fuerzas de seguridad del estado, que reciben el apoyo de los Estados Unidos.

Amenazado con la suspensión o reducción de la ayuda estadounidense proveniente de asignaciones del Congreso, la administración del presidente Juan Orlando Hernández lanzó luego del asesinato de Berta una fuerte campaña de relaciones públicas, enfocada en una nueva comisión de reforma policial.

Mientras que la comisión ha removido varios presuntos criminales de la fuerza policial, ninguno de los oficiales depurados tuvo que rendir cuentas ante la justicia, quedando libres para continuar sus actividades criminales en cualquier otro lugar, incluyendo el próspero y turbio sector de la seguridad privada. Más aún, la purga ha dejado en su sitio a un número de altos oficiales de quienes es públicamente sabido que enfrentan acusaciones criminales.

Más importante aún, ni la comisión policial ni la muy promocionada Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) han tenido ningún impacto en la situación en territorio. Activistas continúan siendo asesinados impunemente, incluyendo a dos miembros más de COPINH a quienes, al igual que a Berta, la CIDH había concedido medidas de protección, que el Estado hondureño ha fallado en garantizar.

Las apropiaciones ilegales de tierras indígenas siguen su curso, y la corrupción y la criminalidad aún permean el gobierno hondureño hasta los más altos niveles. El poder judicial hondureño ha fallado en investigar a los altos oficiales del gobernante Partido Nacional, incluyendo al presidente Hernández, pese a la difundida evidencia que muestra el desvío de fondos desde el instituto de seguridad social hacia las arcas del partido y de su campaña presidencial.

Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos continúa vertiendo decenas de millones de dólares de ayuda en Honduras. La mayor parte llega en forma de asistencia en seguridad, canalizada a través de la obscura Iniciativa Regional de Seguridad para América Central, pese a la evidencia de vínculos entre las unidades militares y policiales y escuadrones de la muerte como aquel que asesinó a Berta. El hombre a cargo de esas fuerzas de seguridad, el general en retiro Julián Pacheco Tinoco, fue identificado recientemente como narcotraficante por un informante de la DEA (la Administración para el Control de Drogas) durante un juicio que involucró a los sobrinos de la primera dama de Venezuela. Sin embargo esto no ha disuadido al gobierno de los Estados Unidos, que al parecer prioriza apuntalar a un aliado confiable, aunque criminal, por encima de proteger vidas humanas.

Pese a las aterradoras noticias provenientes de Honduras, durante el pasado otoño el Departamento de Estado certificó el cumplimiento de las condiciones relativas a derechos humanos requeridas por la cooperación estadounidense. Sin embargo, parcialmente como reacción al asesinato de Berta, un número creciente de miembros del congreso se ha opuesto públicamente a las políticas de los Estados Unidos respecto a Honduras.

Este mes, el representante Hank Johnson (D-GA) y otros miembros del congreso han reintroducido la Ley Berta Cáceres para los Derechos Humanos en Honduras, que llama a la suspensión de la asistencia en seguridad a Honduras hasta que las mínimas condiciones de garantía a los derechos humanos se cumplan.

Berta puede no estar más con nosotros físicamente, pero su indomable espíritu vive y su lucha continúa, o, como miles cantan en La Esperanza y más allá: “¡Berta vive, la lucha sigue!”

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NYT: El martirio de una idealista no logra conmover a Honduras, ni los EEUU

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LA ESPERANZA, Honduras — Hace un año, me despertó un mensaje incomprensible de mi madre. Estaba demasiado angustiada para escribir con claridad, pero la entendí de inmediato y mi corazón se detuvo. Unos asesinos habían terminado por ubicar a mi tía Berta Cáceres, quien de niña había sido Bertita, mi compañera de juegos, y al crecer tuvo el valor suficiente para enfrentar el mal en Honduras.

Al conmemorar este aniversario trágico en la ciudad donde murió Berta, mi familia sigue inconsolable. Ni Honduras ni Estados Unidos parecen haber aprendido nada de su pérdida.

Berta pasó gran parte de su corta vida desafiando a algunos de los personajes económicos y políticos más poderosos de Honduras, en defensa de los derechos de los pueblos indígenas.

Su asesinato evocó horror en todo el mundo, sobre todo en comunidades preocupadas por los derechos humanos, la democracia y la idea de que todos los seres humanos nacen iguales. Su campaña fatal y final se opuso a la construcción de una represa hidroeléctrica en tierras indígenas sin el permiso de la comunidad Lenca en la que había nacido. Esa campaña le trajo prestigio internacional, con reconocimientos como el Premio Medioambiental Goldman en 2015.

El 3 de marzo de 2016, unos intrusos irrumpieron en su casa en la madrugada y la mataron a balazos, por lo que decenas de miles de activistas en todo el mundo organizaron vigilias y manifestaciones en las que exigían justicia para Berta.

Sin embargo, en Honduras, la justicia es escurridiza. En años recientes, cientos de activistas sociales han sido asesinados en ese país. Casi nunca atrapan a los asesinos. Por lo general se cree que la corrupción y el crimen llegan hasta los más altos niveles de gobierno. Mientras tanto, Estados Unidos, un país con tropas, equipo y entrenadores en varios puntos militares en este país pequeño y pobre, ha empeorado el asunto al fortalecer al gobierno corrupto del presidente Juan Orlando Hernández con cientos de millones de dólares en apoyos y un abierto respaldo político.

En el año transcurrido después del asesinato, las autoridades hondureñas han atrapado a ocho sospechosos, ninguno de los cuales parece tener la importancia suficiente para haber encargado el crimen. Al menos dos fueron contratados por la empresa que construye la presa, y otros dos han servido en el ejército hondureño. Un soldado era instructor de las famosas fuerzas del orden del ejército. Cuatro meses después del asesinato, The Guardian informó que una unidad de estas fuerzas tenía una lista negra en la que el nombre de Berta estaba entre los primeros, de acuerdo con un soldado que desertó de la unidad y escapó de Honduras.

Berta sabía de esta lista, y desde 2013 había recibido amenazas constantemente. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dijo en repetidas ocasiones al gobierno hondureño que Berta debía ser protegida, pero sus peticiones fueron ignoradas. No obstante, el gobierno hondureño ofreció protección militar y policial para la represa Agua Zarca.

Un año después del asesinato, la situación en Honduras solo ha empeorado. Los activistas y periodistas que critican al gobierno siguen siendo blancos de estos ataques. El ministerio público constantemente fracasa cuando lleva a cabo investigaciones competentes de los asesinatos y ataques de los que son blanco los activistas. Sin embargo, la fiscalía tiene todo el respaldo del embajador estadounidense y su Departamento de Estado.

Un informe reciente de Global Witness señala que Estados Unidos le da a Honduras decenas de millones de dólares en ayuda “dirigida a la policía y el ejército, los cuales están fuertemente implicados en la violencia en contra de activistas ambientales y de derechos de tierras”.

El apoyo de Estados Unidos data de los ochenta, cuando el país era una plataforma para la guerra contrainsurgente en Nicaragua. La ayuda militar y policial aumentó después de un golpe militar en 2009 contra el presidente electo Manuel Zelaya, que tenía tendencias de izquierda. Una crisis de migración de niños hacia Estados Unidos a través de México aumentó el suministro de dólares en 2014, en teoría para ayudar a frenar el flujo migratorio. Sin embargo, gran parte de la ayuda ha consistido en todavía más asistencia en materia de seguridad, así como un respaldo económico diseñado para atraer la inversión extranjera a Honduras… dinero que con mucha frecuencia ayuda a intereses empresariales de élite en detrimento de las comunidades pobres que son objeto de explotación.

El gobierno hondureño y Estados Unidos afirman que la ayuda ha permitido que baje el índice delictivo. El embajador James Nealon se aseguró de decir esto en una reunión a la que asistí en diciembre en Honduras, junto con defensores de derechos humanos. Hablaba de proyectos piloto cuyo objetivo era disminuir la violencia de las pandillas para que, por lo menos en parte, menos niños hondureños tuvieran la tentación de huir hacia Estados Unidos.

El embajador no estuvo en desacuerdo en que los funcionarios hondureños manipulan las estadísticas criminales, sugiriendo que Estados Unidos intenta obtener números precisos en otros lugares. Pero no importa cuál sea el verdadero índice delictivo, cada vez que atacan o asesinan a un activista o periodista, el gobierno se encoge de hombros como si el crimen fuera otro ejemplo de la violencia desenfrenada en el país. Oficiales de policía intentaron hacer justo eso después del asesinato de Berta, pues primero insinuaron que fue víctima de un robo frustrado o de un “crimen pasional”. Sin embargo, la táctica resultó contraproducente pues tan solo hizo que se hiciera más grande la creencia de que el asesinato de activistas es obra de agentes de seguridad del Estado.

Bajo una gran presión del Vaticano, el Parlamento Europeo y otras entidades extranjeras, los funcionarios hondureños llevaron a cabo una investigación parcial del asesinato de Berta, pero siguieron ignorando las peticiones de una investigación internacional independiente avalada por expertos. No sorprende. Decenas de policías y soldados pisotearon la escena del crimen. Cuando le regresaron la casa a mi familia seis meses después, todas las habitaciones habían sido saqueadas. Aún faltan una laptop y una tableta electrónica, así como uno de los tres celulares que usaba Berta. Ninguno de estos objetos estaban en la lista de pertenencias que los oficiales tomaron de la casa.

En Estado Unidos, decenas de miembros del congreso han promovido leyes que eliminarían la ayuda de seguridad a Honduras hasta que “paren las violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad hondureñas y sus responsables comparezcan ante la justicia”. Quienes apoyan esta iniciativa son dirigidos por los representantes Hank Johnson de Georgia, Keith Ellison de Minnesota, Jan Schakowsky de Illinois y otros demócratas; se le ha llamado la Ley Berta Cáceres.

Sin embargo, nuestras contribuciones fiscales siguen llegando a Honduras para apoyar al gobierno de Juan Orlando Hernández, por lo que sigue habiendo un clima de terror, alimentado por la corrupción de su partido.

Actualmente, no solo lloramos la pérdida de Berta Cáceres. Lloramos la pérdida de todas las otras Bertas en Honduras, como la de Tomás García, María Enfirquesta Matte, Francisco Martínez Márquez y muchos otros. Dondequiera que los activistas sin protección se enfrenten al gobierno y a las corporaciones que invaden tierras indígenas y pisotean otros derechos humanos, debemos hacer todo lo que podamos para lograr que nuestros gobiernos, corporaciones e instituciones crediticias internacionales dejen de desempeñarse como propiciadores.