Declaración de la familia de Berta Cáceres Flores en el primer mes de su asesinato

Ha pasado casi un mes desde el cobarde asesinato de nuestra querida Berta Cáceres Flores, madre, abuela, hija, hermana, tía, amiga y líder en la lucha por el medio ambiente y los derechos humanos.

Nuestra familia se complace  por la inmensa cantidad de mensajes y actos de condolencia, no de cientos, sino de miles de ustedes. Además, estamos agradecidos a Gustavo Castro, el único testigo material del crimen, por su coraje y estamos aliviados que se ha reencontrado con su familia en México.

Sin embargo, aún tenemos que recibir cualquier tipo de justicia o respeto en nuestra búsqueda de respuestas por parte del gobierno de Honduras. Peticiones formales e informales repetidas para obtener información sobre la investigación que deberíamos estar provisto de, de acuerdo con las leyes de Honduras, se les ha negado sin explicación ninguna.

En 2014 una ONG hondureña encontró que menos del 4% de todos los casos de asesinato resultó en una condena. Dada la enorme corrupción dentro del gobierno de Honduras, y dado el hecho de que muchas de las amenazas y ataques contra Berta y su organización COPINH involucraron miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y agentes de empresas privadas con enlaces a funcionarios hondureños de alto nivel, es muy poco probable que la autores intelectuales de este asesinato volverá a ser llevados a la justicia.

Por esta razón, desde el asesinato de Berta hemos exigido que el gobierno de Honduras acuerda en permitir una investigación internacional independiente con un mandato a llevar a cabo su propia investigación, que la del grupo de expertos independientes que investigan la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, México. Las autoridades de Honduras son incapaces de llevar a cabo esta tarea de manera neutral y profesional.

Estamos consternados de que el gobierno de los Estados Unidos – a pesar de las apelaciones de nuestra familia, más de 60 miembros del Congreso y 11 senadores, y entre más de 250 organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales – continúa expresando su apoyo al “proceso” investigativo de Honduras.

El portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, comentó el 29 de marzo: “que era digno de mencionar que ellos [el gobierno de Honduras] se acercaron a la ONU para ayuda. Es decir, […] eso no es insignificante.”

Esta afirmación es engañosa. El apoyo de la ONU que el gobierno de Honduras ha buscado es a partir de un cuerpo – la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos – cuyo mandato es prevenir violaciones de los derechos humanos y de documentar abusos, no conducir investigaciones criminales, o garantizar de que las investigaciones criminales son profesionales y justo.

Por último, como familia hemos buscado desesperadamente para obtener la información más básica con respecto a la investigación hondureña actual sobre el asesinato de Berta, incluyendo una lista sencilla de objetos personales de Berta que las autoridades se han incautado, y un informe de la autopsia completa, así como una copia cruda del video de la autopsia. Una de las personas responsables de negarnos el acceso a esta y otra información relativa a la investigación es el Director del Ministerio Público, José Arturo Duarte. El Sr. Duarte ha representado Desarrollos Energéticos SA (DESA) en procedimientos legales contra COPINH, la misma compañía que construyó la presa que Berta y COPINH, luchaban en contra y cuyas empleados amenazaron a Berta. Fue sólo después de las hijas de Berta revelaron este importante conflicto de intereses en una carta pública que Duarte anunció que se retiraba de la investigación el 31 de marzo. El Departamento de Estado tenía conocimiento de este importante conflicto de intereses, sin embargo sigue mostrando confianza en la investigación hondureña.

Nuestra búsqueda de la justicia volverá a llevarnos a Washington el próximo lunes 4 de abril mientras Berta Zúñiga Cáceres, hija de Berta Cáceres, el miembro de COPINH, Tomás Gómez, y Silvio Carrillo, el sobrino de Berta Cáceres, hablarán con los legisladores, instituciones bancarias internacionales, ONGs y el Departamento de Estado.

Por muy doloroso que sea el asesinato de Bertita para nuestra familia este evento es una oportunidad para empezar a empujar con fuerza en contra de la corrupción, la impunidad y la falta de estado de derecho ubicuos en Honduras. El gobierno de los EE.UU. tiene una enorme influencia en Honduras, a través de sus programas de asistencia y el poder de veto sobre los préstamos multilaterales. Es hora de que los EE.UU. comience  a usar esa influencia para promover la justicia y detener los asesinatos de activistas sociales en lugar de seguir entregando  al gobierno de Honduras un cheque en blanco para continuar con lo mismo de siempre.

Contacto:

Silvio Carrillo

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