Declaración del senador Patrick Leahy sobre Berta Cáceres

2 de marzo, 2017

Declaración del senador Patrick Leahy sobre Berta Cáceres

Señor Presidente, quiero llamar la atención del Senado sobre el hecho de que ha transcurrido ya un año desde el asesinato de Berta Cáceres, una renombrada activista indígena hondureña que dedicó — y finalmente entregó — su vida a defender la tierra, el agua y otros recursos naturales del pueblo lenca.

Luego de un intento inicial por parte de la policía hondureña — e incluso de algunos altos funcionarios — de retratar falsamente el homicidio como un crimen pasional, una nada

infrecuente estrategia para encubrir la complicidad oficial en estos casos, ocho hombres han sido arrestados incluyendo uno en servicio activo y dos oficiales militares en retiro.

Aunque funcionarios hondureños han negado cualquier participación del gobierno en el asesinato de la Señora Cáceres y minimizado el arresto del Mayor Mariano Díaz, presurosamente dado de baja del ejército, hay razones para mantenerse escéptico.

Díaz, un condecorado veterano de las Fuerzas Especiales, fue nombrado jefe de inteligencia del ejército en 2015 y para el momento del asesinato se encontraba, según informes, en proceso de ser promovido a teniente coronel. Se afirma también que otro sospechoso, el teniente Douglas Giovanny Bustillo, ingresó al ejército al mismo tiempo que Díaz. Los dos sirvieron juntos y aparentemente mantuvieron contacto luego de que Bustillo se retirara en 2008.

Es particularmente inquietante y significativo que, según reportes de prensa, tanto Bustillo como Díaz pudieron haber recibido entrenamiento militar por parte de los Estados Unidos.

Un tercer sospechoso, el sargento Henry Javier Hernández, fue francotirador de las fuerzas especiales que trabajó bajo el mando de Díaz. También parece haber sido informante de inteligencia militar luego de abandonar el ejército en 2013.

Según reportes de prensa, el primer sargento Rodrigo Cruz, un ex oficial del ejército que desertó luego de la muerte de Cáceres y permanece hasta hoy escondido, afirmó que el alto mando del ejército hondureño entregó al comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Xatruch, en la que se encuentra la unidad a la que él pertenecía, una “lista negra” de objetivos con nombres y fotografías de activistas a ser asesinados, y que el nombre de Cáceres figuraba en esa lista. Esto suena muy parecido a los escuadrones de la muerte de El Salvador durante los ochenta.

Cinco civiles sin registro militar conocido también han sido detenidos. Entre ellos se encuentra Sergio Rodríguez, un ejecutivo de la represa hidroeléctrica Agua Zarca, a la que Berta Cáceres se opuso durante largo tiempo.

Dicho proyecto es liderado por Desarrollos Energéticos S.A. (Desa), con financiación internacional y el decidido respaldo del gobierno hondureño. De acuerdo con reportes de prensa, el presidente de la compañía, Roberto David Castillo Mejía, es un antiguo oficial de inteligencia militar y su secretario, Roberto Pacheco Reyes, un ex-ministro de Justicia. Desa contrató al ex teniente Bustillo como jefe de seguridad entre 2013 y 2015.

La señora Cáceres reportó múltiples amenazas de muerte relacionadas con su campaña contra la represa, incluyendo varias provenientes de empleados de Desa. El gobierno hondureño ignoró en su mayoría sus pedidos de protección, y Desa continua negando cualquier participación en su asesinato.

Señor presidente, es inconcebible para cualquiera que conozca Honduras que este indignante crimen haya sido llevado acabo por estos individuos sin órdenes de arriba. La pregunta es si la investigación identificará a los autores intelectuales, cosa que casi nunca ocurre en Honduras. De hecho, como Global Witness, el Departamento de Estado de los Estados Unidos y otros han documentado, ha habido decenas de asesinatos de activistas ambientales en Honduras que no han sido nunca investigados de manera creíble y por los cuales nadie ha sido castigado.

No dudo que una de las razones por las cuales este caso ha progresado en modo alguno es porque los expertos de las agencias estadounidenses encargadas del cumplimiento de la ley, respaldados por la embajada estadounidense, han ayudado con la investigación, y gracias a los esfuerzos del fiscal general Oscar Fernando Chinchilla.

En cualquier caso, y como he mencionado antes, en Honduras, donde la impunidad es la norma, un caso de semejante importancia, tanto doméstica como internacional, debería ser objeto de una paralela investigación independiente. Las entidades que de manera obvia deberían asumir dicha tarea son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH). Sin embargo el gobierno de Honduras continua rechazando una investigación de este tipo.

Los Estados Unidos y Honduras tienen una atormentada historia, aunque nosotros y el pueblo hondureño compartimos muchos intereses. Queremos continuar ayudando a Honduras a enfrentar la profundamente enraizada pobreza, la desigualdad, violencia e impunidad que han causado tanto sufrimiento y privaciones, y contribuido a la migración de decenas de miles de hondureños, incluyendo niños, a los Estados Unidos.

Pero para este Senador, eso requiere resolver el caso de Berta Cáceres y asumir investigaciones y procesos judiciales fidedignos en torno al indignante número de asesinatos de otros activistas, periodistas y defensores de derechos humanos ocurridos durante los últimos años. Aquello implica el reconocimiento público y defensa, por parte de las autoridades hondureñas, del legítimo rol de dichos activistas, que en el pasado han sido ignorados, amenazados y tratados como legítimos blancos. Solo entonces será claro que el gobierno hondureño está comprometido con la justicia, y que nuestra asistencia obtendrá resultados duraderos.

El Departamento de Estado necesita investigar extensivamente y de modo transparente si el mayor Díaz y el teniente Bustillo fueron realmente entrenados por los Estados Unidos. Si es así, el Congreso y el pueblo hondureño merece saber cómo fueron seleccionados, qué tipo de entrenamiento recibieron, así como cualquier medida tomada para mejorar el proceso de evaluación de potenciales beneficiarios y para monitorear la conducta de aquellos que han recibido entrenamiento por parte de los Estados Unidos.

Finalmente, y como lo he dicho anteriormente, hasta tanto el proyecto Agua Zarca y otros similares sigan adelante ignorando las objeciones de los pueblos indígenas cuyos medios de

subsistencia y culturas están intrínsecamente ligadas a los ríos que impactan, las confrontaciones y la violencia continuarán. El gobierno hondureño, al igual que otros gobiernos de la región, deben cambiar su manera de hacer negocios en áreas en las que los derechos e intereses de los pueblos indígenas han sido violados e ignorados.

Dada su vergonzosa historia, el proyecto Agua Zarca debería ser cancelado. Otros proyectos hidroeléctricos y extractivos en territorios indígenas deberían ser reconsiderados por el gobierno hondureño, y su continuidad ser permitida solo luego de un proceso basado en el consentimiento previo, libre e informado por parte de las comunidades afectadas.

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